No basta con independencia: hablemos de transparencia
Aligned with Presagio- @malpais
Últimamente se está popularizando mucho el discurso de “independizar el Poder Judicial” en Costa Rica.
Y suena hermoso, claro.
Independencia✨
Vaya palabra poderosa.
Más para el costarricense, que de inmediato la relaciona con aquello que es nuestro, que debemos proteger y que nos hace sentir orgullosos. Si hay algo que históricamente nos ha dado identidad y cierto valor frente al mundo, es precisamente la idea de ser un país independiente.
Por eso resulta tan triste escuchar esa misma palabra rodeada ahora de acusaciones de “dictadura”, “golpe”, “usurpación” y llamados a defender a Costa Rica como si estuviéramos frente a una lucha entre enemigos internos.
No porque estemos viviendo una guerra civil, sino porque empieza a sentirse como un presagio: ese instante en que el aire cambia y anuncia el baldazo de agua fría
El lenguaje comienza a sentirse peligrosamente parecido al de un conflicto civil: un país dividido en bandos, ciudadanos llamados a escoger un lado y desacuerdos institucionales convertidos en amenazas contra la patria.
Y para un tico que realmente le guarda cariño a ese sentimiento de independencia, que creció entendiendo a Costa Rica como un país orgulloso de resolver sus diferencias sin ejército y desde sus instituciones, resulta doloroso ver cómo ese símbolo empieza a utilizarse para alimentar miedo, confrontación y sospecha entre nosotros mismos.
La independencia debería recordarnos nuestra capacidad de construir un país con criterio propio.
No convertirse en una palabra utilizada para empujarnos a desconfiar unos de otros.
Porque cuando cada desacuerdo se presenta como una batalla por salvar la democracia y cada adversario es llamado dictador, golpista o enemigo del país, la discusión deja de tratar sobre cómo mejorar las instituciones.
Y comienza a tratar sobre quién debe ser derrotado.
Comúnmente olvidamos detenernos a colocar las palabras dentro de su significado y su contexto real.
Y en este contexto, repetir “independicemos el Poder Judicial” sin entender qué significa, quién lo propone y cómo se implementaría puede ser peligroso.
No porque la independencia judicial sea innecesaria.
Todo lo contrario.
Un Poder Judicial debe tener la capacidad de resolver, investigar y fiscalizar sin obedecer los intereses del Gobierno de turno, de un partido político, de una empresa, de una mayoría legislativa o de cualquier otro grupo de poder.
Pero también debemos reconocer algo:
La independencia, por sí sola, no garantiza transparencia.
Una institución puede ser independiente y, aun así, operar de forma ineficiente, desactualizada, burocrática o desconectada de las necesidades de la comunidad.
Puede administrar mal sus recursos.
Puede proteger estructuras internas que ya no funcionan.
Puede tardar años en resolver asuntos que afectan directamente la vida de las personas.
Puede defender su autonomía mientras evita explicar de manera clara cómo mide sus resultados, cómo asigna sus presupuestos o cómo corrige sus propios errores.
Por eso, tal vez la discusión no debería reducirse a decidir si el Poder Judicial debe estar más o menos independizado.
Tal vez deberíamos detenernos a analizar qué tan transparentes, eficientes y responsables son el Poder Judicial y los demás organismos que componen nuestro Estado.
Porque el detalle no está únicamente en qué entidad regula a cuál.
El detalle está también en la mentalidad de las personas que administran esas entidades, en los sistemas que utilizan y en la forma en que entienden el servicio público.
Antes de apresurarnos a tomar una bandera, salir a huelga o gritar simplemente “independicemos el Poder Judicial”, quizá deberíamos hacer una pausa y formular preguntas concretas:
La estructura importa.
La separación de poderes importa.
Las garantías constitucionales importan.
Pero ninguna arquitectura institucional funciona correctamente cuando quienes la habitan pierden de vista el propósito para el cual fue creada.
Un edificio puede tener paredes independientes y, aun así, estar administrado desde el ego, el miedo, la conveniencia o la indiferencia.
El problema no siempre es el formato del Gobierno o del Estado.
Muchas veces, el problema es la persona y la mente que administra ese formato, las decisiones que se normalizan dentro de él y su incapacidad de observarse como parte de un sistema mayor.
Porque aunque intentemos mantenernos al margen, la política termina estando presente en casi todo.
Al igual que la religión, aparece en la manera en que construimos sociedad, repartimos recursos, definimos responsabilidades y decidimos qué consideramos justo.
El punto no es fingir que podemos vivir completamente fuera de ellas.
El punto es aprender a reconocer sobre qué valores se sostiene cada postura.
¿Cuáles valores?
Eso corresponde a cada persona.
A mí me resuenan aquellos que hablan de comunidad real.
De observación.
De aprendizaje.
De transparencia.
De responsabilidad.
De mejora continua.
Me resuena una administración pública que no tema ser evaluada.
Que no confunda independencia con ausencia de rendición de cuentas.
Que no confunda crítica con ataque.
Que no confunda autoridad con superioridad.
Que no utilice al ciudadano como audiencia de una pelea, sino como la razón por la que la institución existe.
Quizá no necesitamos únicamente un Poder Judicial independiente.
Quizá necesitamos instituciones conscientes de su propósito, capaces de mostrar resultados, reconocer errores y evolucionar.
Porque la verdadera independencia no consiste solamente en que nadie pueda decirle a una institución qué hacer. También consiste en que esa institución tenga la integridad suficiente para gobernarse correctamente a sí misma.
Y eso no se consigue cambiando únicamente el organigrama.
Se consigue cambiando la cultura con la que ese organigrama se administra.
Una institución puede ser independiente y, aun así, operar de forma ineficiente, desactualizada, burocrática o desconectada de las necesidades de la comunidad.
Puede administrar mal sus recursos.
Puede proteger estructuras internas que ya no funcionan.
Puede tardar años en resolver asuntos que afectan directamente la vida de las personas.
Puede defender su autonomía mientras evita explicar de manera clara cómo mide sus resultados, cómo asigna sus presupuestos o cómo corrige sus propios errores.
Por eso, tal vez la discusión no debería reducirse a decidir si el Poder Judicial debe estar más o menos independizado.
Tal vez deberíamos detenernos a analizar qué tan transparentes, eficientes y responsables son el Poder Judicial y los demás organismos que componen nuestro Estado.
Porque el detalle no está únicamente en qué entidad regula a cuál.
El detalle está también en la mentalidad de las personas que administran esas entidades, en los sistemas que utilizan y en la forma en que entienden el servicio público.
Antes de apresurarnos a tomar una bandera, salir a huelga o gritar simplemente “independicemos el Poder Judicial”, quizá deberíamos hacer una pausa y formular preguntas concretas:
- ¿Es eficiente actualmente el Poder Judicial?
- ¿Lo ha sido durante los últimos tres, seis o doce meses?
- ¿Podemos observar su desempeño a lo largo de uno, cinco o diez años?
- ¿Cuáles son sus indicadores reales?
- ¿Qué se mide?
- ¿Qué se corrige?
- ¿Cuánto duran los procesos?
- ¿Cómo se utilizan los recursos públicos?
- ¿Qué impacto tiene su trabajo cotidiano en la comunidad?
- ¿Puede una persona común comprender cómo funciona, cuánto tarda y ante quién puede exigir respuestas?
- ¿Existe una cultura de aprendizaje y mejora continua, o únicamente una defensa automática de la institución cuando alguien la cuestiona?
La estructura importa.
La separación de poderes importa.
Las garantías constitucionales importan.
Pero ninguna arquitectura institucional funciona correctamente cuando quienes la habitan pierden de vista el propósito para el cual fue creada.
Un edificio puede tener paredes independientes y, aun así, estar administrado desde el ego, el miedo, la conveniencia o la indiferencia.
El problema no siempre es el formato del Gobierno o del Estado.
Muchas veces, el problema es la persona y la mente que administra ese formato, las decisiones que se normalizan dentro de él y su incapacidad de observarse como parte de un sistema mayor.
Yo, así como no soy de religión, tampoco soy de política partidaria.
Ambos son universos extensos, llenos de variables, interpretaciones y tangentes. No me interesa defender una camiseta solamente porque alguien me diga que pertenece al equipo correcto.
En cuanto a políticos, como diría el dicho, el que no tiene dinga tiene mandinga.
Y la forma en que algunos políticos costarricenses comunican sus ideas —desde el grito, el insulto, el pleito y la provocación constante— no me representa ni me resuena con la esencia de lo que para mí significa ser costarricense.
Ahora bien, que no me represente la forma no significa necesariamente que el argumento carezca de fundamento.
Ese es precisamente uno de los mayores problemas.
A veces puede existir una pregunta válida detrás del ruido.
Puede haber una necesidad real de reforma, fiscalización o cambio.
Pero el argumento termina perdiéndose entre ataques personales, luchas de poder y discursos diseñados para dividir a la población antes que para ayudarla a comprender.
Entonces dejamos de analizar la idea y comenzamos a defender o atacar a la persona que la pronunció.
Y así, otra vez, se pierde la oportunidad de mejorar el sistema.
Al igual que la religión, aparece en la manera en que construimos sociedad, repartimos recursos, definimos responsabilidades y decidimos qué consideramos justo.
El punto no es fingir que podemos vivir completamente fuera de ellas.
El punto es aprender a reconocer sobre qué valores se sostiene cada postura.
¿Cuáles valores?
Eso corresponde a cada persona.
A mí me resuenan aquellos que hablan de comunidad real.
De observación.
De aprendizaje.
De transparencia.
De responsabilidad.
De mejora continua.
Me resuena una administración pública que no tema ser evaluada.
Que no confunda independencia con ausencia de rendición de cuentas.
Que no confunda crítica con ataque.
Que no confunda autoridad con superioridad.
Que no utilice al ciudadano como audiencia de una pelea, sino como la razón por la que la institución existe.
Quizá no necesitamos únicamente un Poder Judicial independiente.
Quizá necesitamos instituciones conscientes de su propósito, capaces de mostrar resultados, reconocer errores y evolucionar.
Porque la verdadera independencia no consiste solamente en que nadie pueda decirle a una institución qué hacer. También consiste en que esa institución tenga la integridad suficiente para gobernarse correctamente a sí misma.
Y eso no se consigue cambiando únicamente el organigrama.
Se consigue cambiando la cultura con la que ese organigrama se administra.
Dejo esto aqui, para que no se te olvide, ni a ti, ni a mi.🐾💕
Cheers, Loba Rosé🥂
P.D: Y recuerden amiguitos:
🗨️Puedes mover una institución dentro del organigrama, pero no transforma automáticamente cómo funciona.
Quiero escuchar tu voz: ¿Qué hace realmente independiente a una institución: el lugar que ocupa en el organigrama o la transparencia con que administra?
Déjalo en los comments y sigamos la conversación.
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